Venezuela: Medios de comunicación y terrorismo
6 de abril de.2014
Luis Britto García
La libertad de expresión
Cada vez que se trata el tema de la
libertad de expresión en Venezuela, se hace obligatorio recurrir a la
clásica paradoja del griego mentiroso. “Todos los griegos son
mentirosos”, dice un sofista, y a continuación agrega: “Yo soy un
griego”. “No hay libertad de expresión en Venezuela”, miente un
comunicador, y lo afirma libremente en un país donde supuestamente no
hay libertad para decirlo.
Y no lo plantea en un país cualquiera.
Sostiene que no hay libertad de expresión en donde gracias al abuso de
ella se perpetró en 2002 el primer golpe mediático del mundo, operado
mediante la incomunicación del Presidente y el falso anuncio de su
renuncia, y donde a finales de ese año y comienzos del inmedíato todos
los medios se encadenaron durante dos meses y medio para llamar
infructuosamente veinticuatro horas al día al derrocamiento del gobierno
legítimo. En donde ningún medio fue clausurado ni penado por estas
actividades delictivas.
Las tesis no se demuestran mediante
contradicciones, sino con hechos. A quien desee conocer la absoluta
libertad de expresión que la sociedad y el Estado venezolano acuerdan a
sus medios de comunicación, le basta con enterarse aunque sea en forma
somera de su contenido. No es difícil; se lo puede hacer diariamente,
entre otras vías, a través de la página Web de la Organisation of
American States.
Por ejemplo, los medios venezolanos
mienten sin trabas que el gobierno de Venezuela sería tiránico o
autoritario. En la página 8 de El Nacional del 21 de marzo de 2014
leemos, a cinco columnas, la opinión del senador Marco Rubio del estado
de Florida según el cual “Venezuela vive una tiranía”. Piensen aunque
sea por una sola vez ¿Cuál tiranía permite que un periódico la califique
como tal?
El mismo día, El Universal imprime en su
pagina 1-7 “Márquez: irrefutable que Nicolás Maduro nació en Bogota”.
Expliquen cual “dictador” permite que se cuestione en forma impresa su
nacionalidad a fin de pedir “la nulidad de elección pues no puede por
Ley, ser Presidente”.
También el mismo día, en grandes
anuncios publicados en todos los diarios importantes, Leopoldo López
convoca a una “CONCENTRACIÓN NACIONAL CONTRA LA DICTADURA Y POR LA
LIBERTAD” ¿Habrá una dictadura en el mundo que permita la convocatoria
mediática de una concentración para derrocarla? Ello es tan improbable
como que algunos comunicadores respeten al público al cual quieren
engañar y a los magistrados ante los cuales plantean denuncias
semejantes.
Al conocer las reglas de este juego, el
lector ya no se extrañara que el 18 de febrero El Universal publique en
primera plana de su cuerpo 3 que “Estudiantes repudiaron la censura ante
Conatel”. Primero se atrapa a un mentiroso que a un ladrón. ¿Qué
gobierno practica la censura permitiendo que se informe libremente de
protestas contra ella?
Inútil multiplicar ejemplos, que el
público puede cosechar a diario. Más fácilmente se atrapa a un mentiroso
que a un ladrón. Una parte de los comunicadores venezolanos no solo
están más allá de la veracidad, sino de la simple vergüenza o del
escrúpulo más ligero.
¿Existe censura en Venezuela? Si, una
censura instaurada por una parte de los medios nacionales e
internacionales para ocultar lo que en realidad acontece en el país y
privar así de sus derechos a las mayorías democráticas.
¿Hay dictadura en Venezuela? Si, una
dictadura mediática que pretende imponer tiranos al estilo de Carmona
Estanga o falsedades atroces como la de que el país vive un escenario de
guerra civil.
¿Por qué mienten?
Lo grave es que con tal bagaje ético
pretendan operar como actores políticos, deponer o designar mandatarios o
interponer acusaciones ante organismos internacionales contra los
países donde perpetran fraudes semejantes.
Con tales consideraciones en mente debemos apreciar sus alegatos.
Hegemonía de los medios de comunicación privados
Con la misma indiferencia hacia la
veracidad con la cual alegan los medios que en Venezuela opera una
dictadura, sostienen asimismo que el Estado ejerce una hegemonía
comunicacional.
La realidad, como suele suceder, es
diametralmente opuesta a lo que alegan los medios. En 1998 la empresa
privada era propietaria del 80% de las estaciones de televisión y del
97% de las radiodifusoras FM, y no había medios comunitarios. Estos
medios privados se caracterizaban por una alta concentración de la
propiedad, tanto horizontal como vertical.
En el presente operan en Venezuela 2.896
medios; 2.332 son de la empresa privada. El 65,18% sigue siendo
privado, el 30,76% es comunitario: apenas un 3,22% es de servicio
público. El principal cambio consiste en la multiplicación de medios
comunitarios, a través de los cuales la sociedad accede a la
comunicación. Hay que añadir que estos últimos en su mayoría tienen poco
alcance y tienden a durar un tiempo limitado.
En la radiodifusión funcionan 1.598
emisoras privadas, 654 comunitarias y apenas 80 de servicio público. En
la televisión de señal abierta 55 canales son privados, 25 son
comunitarios, apenas 8 de servicio público.
Casi todos estos medios privados son
opositores. Pretender que el Estado esté ejerciendo una hegemonía
comunicacional con los escasos medios de que dispone es un infundio que
basta para descalificar a quien lo propala.
Sin embargo, el bolivarianismo ejerce
una obvia hegemonía, no en el número de medios, sino en el mensaje. Un
mensaje que postula la democracia contra la dictadura, la igualdad
contra el privilegio, la tolerancia en lugar del racismo, la educación
gratuita y la salud y la seguridad social para todos obviamente es
preferible al que sostiene lo contrario, y por ello asegura sólidas
mayorías electorales a quien lo predica y lo cumple.
Acceso a la información
Alegan algunos medios que el Estado no
les suministra la información que requieren o que no los invita a los
actos en los cuales ésta se difunde.
Al respecto cabe señalar que, si
consideramos que en Venezuela funcionan cerca de tres mil medios de
comunicación, en cada uno de los cuales laboran decenas y a veces
centenares de personas, sería sumamente dificultoso para el Estado
suministrar a todos y cada uno de los comunicadores las informaciones
que requieran. A ello hay que añadir que la sistemática tergiversación
por parte de algunos medios privados de todas las declaraciones y datos
que el sector público emite justifica tratar con cautela los
requerimientos que éstos formulan.
Así sucede, por ejemplo, con diversas
páginas de Internet dedicadas a la divulgación de supuestas tasas de
cotización del dólar o del euro con la intención de provocar la
devaluación de la moneda nacional, en su mayoría anónima o radicada en
el exterior. De acuerdo con los artículos 5 y 12 de la Ley de Ilícitos
cambiarios de 17 de mayo de 2010 fueron bloqueadas un centenar de
páginas dedicadas a difundir estas falsas informaciones y destruir la
estabilidad del signo monetario.
Las cifras reales de la inseguridad
En otros casos los medios difunden
informaciones exageradas o simplemente falsas y sin fundamento, y el
Estado se limita a proporcionar cifras más confiables. Basándose en
encuestas de “Percepción” de la Inseguridad, organizaciones no
gubernamentales como el Observatorio Venezolano de Violencia calculan
tasas de homicidios de 73 y hasta de 75,8 homicidios por cada 100.000
habitantes, y exacerban la percepción de la inseguridad reportando
dentro de las cifras de víctimas de la violencia a los fallecidos por
accidentes automovilísticos o laborales, o dando un tratamiento
amarillista y exagerado a los delitos.
Pero basándose en un conteo objetivo y
real de cuerpos del delito, el ministro de Interior y Justicia Miguel
Rodríguez Torres reveló que la tasa verdadera de homicidios para 2013
fue de 39 homicidios por 100.000 personas, casi la mitad de la
proclamada por los medios. Sin embargo, las falsas cifras sobre
inseguridad son el fundamento de casi toda la campaña opositora, y la
manifestación del 12 de febrero de 2014, que desencadena una trágica
cadena de violencias, se hace supuestamente contra la inseguridad.
Parece que nuestro país hubiera sido víctima durante un quinquenio de
una operación de Guerra Psicológica para exacerbar el pánico y detonar
violencias “contra la inseguridad” destinadas en realidad a derrocar por
el terror al gobierno bolivariano democráticamente electo, que en las
últimas elecciones obtuvo el 75% de las alcaldías, con una ventaja de
diez puntos y medio del total de los votos sobre la oposición.
Legitimación del terrorismo en los medios venezolanos
En Venezuela una violencia terrorista de
cortes viales y asesinatos premeditada y perpetrada contra los
habitantes de menos de dos decenas de municipios y protegida por
alcaldes y policías opositoras es falsificada, apoyada y promocionada
por los medios como una “sublevación social”, “pacífica” y “a escala
nacional”, que sólo presentaría violencias cuando infiltrados o
“colectivos” las infligen. Veamos el tratamiento sesgado de estos
sucesos.
Así, Leopoldo López, dirigente del
minoritario partido Voluntad Popular, partícipe en el golpe de Estado de
abril de 2002, en enero de 2014 expresa a través de los medios: “Que se
vayan todos, un cambio total y profundo de quienes conducen el poder
nacional”. Y posteriormente añade: “Queremos lanzar un llamado a los
venezolanos […] a que nos alcemos. Convocamos al pueblo venezolano a
decir ‘basta ya’. […] Con una meta a discutir: ‘la salida’. ¿Cuál es la
salida de este desastre?”. Tras lo cual insiste en incitar a sus
secuaces a persistir en la violencia: “Hago un llamado a todo el país a
mantener y aumentar la presión hasta quebrar la dictadura”(Salim
Lamrani, “25 verdades sobre as manifestações na Venezuela”, Opera Mundi,
y
“Opositor Leopoldo López pide a venezolanos aumentar presión ‘hasta quebrar la dictadura’”, 19 de março de 2014).
El 13-2-2014 Notitarde titula, en
primera plana: “Infiltrados violentaron marchas estudíantiles” (A menos
que indiquemos otra cosa, las citas siguientes se refieren a primeras
planas). El mismo día Últimas Noticias titula “Juan Montoya, de un
colectivo del 23 de Enero y Basil da Costa, estudiante de la Humboldt,
cayeron en Candelaria”. El Nacional titula, desplegado: “Manifestación
por la Paz fue atacada por violentos”, sin explicar cómo se puede pedir
“por la Paz” la “Salida ya” de un Presidente electo. El Carabobeño
legitima lo ocurrido con vistoso desplegado: “La protesta está en la
calle”, mientras que El Universal miente, igualmente en primera plana,
también desplegado: “Jóvenes se movilizaron en todo el país”,
confundiendo un sector de la parroquia Candelaria con la totalidad de
Venezuela. Para mayor confusión, afirma que “supuestamente colectivos
oficialistas dispararon contra los congregados en la avenida
Universidad”. Plantea así de una vez las bases del infundio que los
medios repetirán durante varias semanas: una protesta “pacífica” (que
incendia edificios y vehículos) “en todo el país” (pero que sólo ocurre
en un municipio) balaceada por “colectivos”, forma en la cual se designa
a imaginarios grupos armados bolivarianos.
El 14 de febrero El Universal titula
“Arrinconados por un colectivo”, y luego, a 4 columnas, “Partidos de
Unidad exigen desarmar a grupos”. Quienes incendian cinco vehículos y
destruyen parcialmente el edificio de la Fiscalía estarían entonces
desarmados. A quien habría que desarmar es a quienes lo impiden.
Insistiendo en la idea, en la página 1-2, a cuatro columnas, “Capriles
emplaza a Maduro a deslindarse de los ‘paramilitares’”, y con el mismo
despliegue, “Voluntad Popular ratifica que seguirá en la calle”. El
mismo día Últimas Noticias informa: “Manifestantes quemaron cauchos
frente a VTV”. Es el inicio de un acoso terrorista con cortes viales e
intentos de incendio que se extiende contra el canal del Estado por
varias semanas.
El 15 de febrero ya Tal Cual sustituye
la información por la incitación, y llena la primera plana con la
arenga: “Protestar es un deber, no sólo un derecho”. El mismo día El
Universal titula, a cuatro columnas: “Episcopado demanda desarticular
colectivos”. El Nacional prepara otro de los elementos del montaje, la
agresión internacional, titulando desde ya en primera plana: “ONU, UE y
OEA preocupados por la violencia en Venezuela”. Son organismos que no
pueden pronunciarse sin consulta democrática a sus integrantes, pero un
cotidiano que apoya el cambio de gobierno sin democracia no puede
prestar atención a la legitimidad. SóloÚltimas Noticias informa que,
según la Defensora del Pueblo, “43 de 79 heridos son policías”, lo cual
da fe del poder de agresión y de fuego de los manifestantes
supuestamente “pacíficos”.
El 16 de febrero El Nacional encuentra
forma de esconder la inmensa manifestación bolivariana por la Pazque
recorre Caracas el día anterior: la titula a tres columnas, en página 2,
“Maduro acusa a Álvaro Uribe de estar detrás de violencia” y antetitula
“Hubo cacerolazos en Candelaria”. No debe extrañar entonces que, al
lado, también a tres columnas, se antetitule: “SNTP: Existe vacío de
información” para titular: “Periodistas fortalecerán Internet ante la
censura”. Se trata de organizar redes sociales para la mejor circulación
de una vergonzosa campaña que hace pasar fraudulentamente imágenes de
represiones ocurridas en Grecia, Libia, Egipto, Siria, España, Cataluña,
Argentina y Ucrania como documentos sobre abusos policiales en
Venezuela. El cuerpo de la noticia se exime también de explicar cómo la
supuesta censura deja imprimir este titular contra la censura. El “vacío
de información” se hace necesario para ocultar que Maduro declara en
ese gran acto de masas lo que recoge en primera plana Últimas Noticias, a
cuatro columnas: “No acepto grupos violentos”.
Aparentemente inspirado por tales
infundios, el 17 de febrero El Nacional informa en primera plana
“Denuncian torturas a 11 estudiantes en Carabobo” y “El Nacional reduce
sus páginas pero no su coraje”, mientras editorializa contra “Las bandas
armadas”, que no serían las que cortan las vías por la violencia, sino
los bolivarianos. Ese día El Universal despliega, en la página 3,
“Malandraje secuestró la protesta”. En efecto, no puede ocultar que la
protesta “pacífica” deja “dos fachadas de banco destruidas, así como la
fachada del edificio de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y el
del Ministerio de Transporte Terrestre. También varias residencias
privadas resultaron afectadas, así como la demarcación y el propio
pavimentos de muchas calles”. Ello es fácil de explicar: sería obra del
“malandraje”, pero ¿cómo éste se hace presente en una supuesta marcha
“estudiantil” sin que ni sus dirigentes ni las autoridades opositoras de
Chacao muevan un dedo? En la página 3-2 se ejercita el fino arte de la
mentira: “Vecinos desmienten ataques contra el metro y el metrobús”. A
pesar de tales desmentidos, en ataques que son filmados por las cámaras
de seguridad de estaciones y vehículos, cerca de un centenar de unidades
de metrobús y varias estaciones del metro son destruidas y deben ser
clausuradas temporalmente.
El martes 18 El Universal titula, con
teatral foto de amordazados, “Exigieron a Conatel el fin de la censura”,
sin explicar cómo un titular así hubiera podido publicarse si existiera
censura. En la misma página, a cinco columnas, “La Mesa expresó su
apoyo unánime a Leopoldo López”; con tal apoyo al dirigente que exige
“la salida”, esa organización se suma confesamente al plan de deponer al
Presidente electo por la fuerza. Ese díaDiario Vea titula “Gobierno
rechazó manipulación de imágenes sobre Venezuela por medios
internacionales”, yCaracas CCS titula “Derecha activó operación caos en
la red” para referirse a que “en redes sociales y diarios se ha
incrementado una campaña de odio contra Venezuela. Usan imágenes de
otras naciones para informar sobre recientes hechos violentos”. Ninguno
de los cotidianos de gran circulación se une a la denuncia ni la condena
del escandaloso fraude.
El 18 de febrero Tal cual sentencia, en
desplegado: “La protesta es legítima”, pero para nada alude a la
información de Caracas CCS según la cual “Bolívares 120.000 millones
financian actos violentos” y “pagan tres mil bolívares diarios a
motorizados sicarios”. En la página 2, a 4 columnas, “Detenidos fueron
violados con fusiles”, Tal cual pluraliza una solitaria denuncia hecha
por un detenido, y que semanas más tarde todavía está sin probar. En El
Universal, la página 1-8 está dedicada totalmente al tema “San Diego
encendido”, y explica: “El fallo de la Sala Constitucional que ordena la
prisión y la salida de su cargo a Enzo Scarano, alcalde del municipio
carabobeño de San Diego, provocó la inmediata protesta de los habitantes
del municipio, que en algunos casos se tornó violenta”. Ilustran ocho
gráficas de incendios de supermercados y transportes de combustible,
barricadas y cortes viales, que más que información parecerían
propaganda de guerra. En la 1-7, el citado intento de deslegitimación
del Presidente: “Márquez: irrefutable que Nicolás Maduro nació en
Bogotá”. Tan irrefutable es la noticia, que no aporta la más mínima
prueba.
El 19 de febrero El Nacional y El
Universal dedican sus primeras planas a la entrega de Leopoldo López y
despliegan sus palabras: “Si mi encarcelamiento sirve para despertar al
pueblo, valdrá la pena”. Las dos fotos en ambos diarios competidores son
idénticas: parece que hubiera una cartelización informativa. En
dramático desplegado la primera plana del Cuerpo 3 de El Universal
titula, “Un muro policial partió la ciudad”, y añade “transeúntes que
quedaron atrapados reclamaban derecho al libre tránsito”. Tal derecho
nunca es invocado con respecto a las decenas de miles que quedan
atrapados en sus urbanizaciones por los cortes viales violentos llamados
“guarimbas”. En ninguno de dichos diarios se menciona el discurso del
Presidente sobre el particular, ni un comunicado de las FANB sobre el
mismo tema.
El día siguiente, El Universal sigue la
campaña que clama por el intervencionismo de organizaciones
internacionales, publicando en primera plana a 6 columnas de foto de
cinco manifestantes ante la sede de la OEAen Washington, con elocuente
pancarta: “SOS Venezuela”. Como si se tratara de la misma noticia, al
pie de la gráfica titula: “10 años de cárcel pide la Fiscalía para
López”.
El día siguiente, reaparece por fin
Capriles Radonski, opacado en su liderazgo por el radicalismo violento
de López, declarando, a cinco columnas: “A plomo no se arregla la crisis
económica”. Pero la verdadera declaración sólo aparece, minimizada y
escondida, en la página 1-2: “Resulta ya demasiado sospechoso el mismo
libreto ¡siempre! La guarimba, las agresiones, las víctimas (…) ¿Vamos a
pisar el peine? Aquí tiene que haber razón, orientación, sentido de
lucha política”. Reiteró que él no ha estado “en la vía del atajo ni de
llevar al pueblo a un callejón sin salida”. El hecho de que el dirigente
que la oposición ha designado en elecciones internas para representarla
en tres procesos electorales se deslinde de guarimbas y agresiones bien
merecería un titular; la prensa lo considera nocivo para su propaganda
de guerra, y lo esconde, editándolo con paréntesis y puntos suspensivos
(…) como si fuera una obscenidad. Hay que añadir que ese “mismo libreto”
que Capriles condena ahora, fue el que aplicó tras su derrota electoral
de abril de 2013, cuando llamó públicamente a sus partidarios a salir a
la calle a “drenar su arrechera”, y éstos causaron una docena de
asesinatos y arriba de ochenta heridos. Como si no fueran suficientes
las contradicciones, en la misma página, a 4 columnas, “Aveledo acusa al
Gobierno de alimentar las protestas”, como si a éste le conviniera un
estado de conmoción terrorista.
Últimas Noticias del 22-2 reseña el
avance de las tácticas pacíficas: “Entre los lesionados hay 37 policías”
y en la página 12 “anoche murió un motorizado tras chocar contra guaya
de una barricada”. El Nacional insiste, a 3 columnas: “Colas para
comprar gasolina y comida” y subtitula: “El país está semiparalizado y
no sólo por las protestas estudiantiles y las barricadas. En los
comercios y supermercados los anaqueles muestran carencias importantes y
racional la cantidad de productos que cada persona puede adquirir”. El
país no está semiparalizado: sólo estorban la circulación barreras de
desechos en una decena de municipios con alcaldes opositores; las colas
son las normales en cualquier expendio: una vez más se miente al tratar
de convertir una perturbación local en nacional o una profecía en
realidad, como cuando en la misma edición el diario titula en futuro:
“Colapsará compra de gasolina y comida”, al tiempo que insiste: “Foro
Penal denuncia 18 casos de tortura”, ninguno de los cuales ha sido
verificado hasta el presente.
El 23 de febrero sólo Últimas Noticias
informa la obvia verdad de la situación, y ello en pequeño titular de
una columna: “Zonas populares no guarimbean”. La supuesta “insurrección
nacional” es apenas esporádico corte vial en algunas alcaldías
gobernadas por la oposición. El mismo día, El Nacional destaca en enorme
gráfica de cinco columnas una concentración opositora con gran titular,
y disminuye en pequeña ilustración de dos columnas, sin titular,
concentración chavista de 40.000 personas en la cual la ministra de la
Mujer, Andreína Tarazona, declara que “¡Vamos a defender la revolución
con las uñas!”.
El 24 de febrero El Nacional insiste, a
cinco columnas: “La protesta pacífica tomó las calles”. Como prueba, la
gráfica muestra una hilera de personas en una acera, “cadenas humanas”
que ocurrirían “en varias ciudades del territorio nacional” (sin
especificar en cuáles). Con el mismo despliegue, sigue el intento de
cerco internacional: “Denunciarán a gobierno venezolano por delitos de
lesa humanidad”. Así como por Internet se pretendió hacer pasar por
sucesos venezolanos los representados en imágenes de otros países,
también se asimila la situación del país a casos foráneos; “Abusos de
Derechos Humanos son similares en Rusia y Venezuela”. El Nuevo País, en
enorme desplegado xenófobo, expresa “Fuera los cubanos exigen
estudiantes”. Se prefiere no informar qué organizaciones o dirigentes
pretenden representar o suplantar a los 9.500.000 estudiantes
venezolanos, la tercera parte de la población del país.
El 25 de febrero El Nacional titula, a
cinco columnas: “Siete de los quince muertos recibieron tiros en la
cabeza”, y subtitula “El cierre de calles y los enfrentamientos con la
GNB congestionaron el Este de la ciudad”. El ambiguo titular, fuera de
confirmar que sólo hay disturbios en el Este, pareciera sugerir que hubo
15 fallecidos el día anterior y no en las casi dos semanas de
violencia. A una columna, el titular “Disparan a matar” expresa lo
contrario que el cuerpo de la noticia: “El criminólogo Javier Gorriño
indicó que ‘no disparan perdigones al aire, sino que se busca herir en
zonas vulnerables del cuerpo”. La página 2 asoma el objetivo oculto del
escenario de “rebelión”, propiciar un golpe de Estado: “Militares del
4-F buscan crear tercera fuerza”. El Universal, por su parte, en mínima
columna cita las palabras con las cuales la Fiscal Luisa Ortega Díaz
desmiente categóricamente las grotescas acusaciones de tortura con las
que se refociló la prensa durante semanas: “Practicado el reconocimiento
médico legal no es cierto que se haya introducido el fusil”. A cinco
columnas, la exculpación de un dirigente opositor: “Capriles: ‘La
protesta está en la calle, no la he convocado yo”. La emotiva fotografía
es exactamente la misma que la del diario competidor El Nacional, pero
utilizada para ilustrar encabezados distintos: parecería seguir la
cartelización informativa entre medios supuestamente competidores.
Y el 26 de febrero El Nacional anima la
violencia titulando, a cinco columnas, que “se mantienen las protestas
por lo menos en diez entidades”, insignificante proporción de las 335 de
las que consta el país. El día siguiente pontifica que “A 25 años del
Caracazo, la brutalidad militar es peor”, lamentable comparación de una
hecatombe que acumula varios millares de víctimas de un solo bando en
una semana, con disturbios que arrojan saldo de tres decenas, gran parte
de ellas agentes del orden público. También titula a 5 columnas: “52
organizaciones repudian la represión en Venezuela”. Se trata de validar
una injerencia internacional a través una “Coalición de Organizaciones
por los Derechos Humanos en las Américas”; aparentemente ninguna repudia
el secuestro masivo de vecinos, ya que el antetítulo expresa: “se
mantienen las protestas con cierre de vías en por lo menos diez
entidades”. Se desploma así la superchería de la protesta “nacional”:
repetimos que diez municipios son insignificante minoría ante los 335
del país. El Universal, por su parte, despliega a 5 columnas foto de
opositora que implora la intervención foránea con cartelón en inglés:
“SOS”, mientras a sus espaldas una hilera de guardias la deja posar sin
siquiera prestarle atención. En la misma tónica, a dos columnas,
“Celebridades internacionales se pronuncian contra la violencia”,
citando las opiniones de expertos sobre la situación venezolana de
países ocupados por Estados Unidos, tales como el puertorriqueño Ricky
Martin y los colombianos Shakira y Carlos Vives. También El Universal
confiesa que “Protestas de calle han sido confinadas sobre todo al Este
de la ciudad”, sin aclarar que allí alcaldes y policías opositores
protegen algo muy distinto de manifestaciones: los secuestros violentos
de vecinos mediante el corte vial, y el asesinato a balazos de quienes
intentan remover los obstáculos.
El 27 de febrero Últimas Noticias titula
a tres columnas “En Miraflores hablaron de paz”, refiriéndose a la Mesa
de Diálogo que convoca el gobierno, en la cual intervinieron “Líderes
empresariales, políticos, de medios, religiosos y tres alcaldes de
oposición”. Abajo, se informa que “El papa Francisco llama a que cese la
violencia”.El Nacional, por el contrario, afirma que “Mientras continúe
la represión la MUD no dialogará con Maduro”, en obvio llamamiento a la
continuación de la violencia, y a 5 columnas miente que “A 25 años del
Caracazo la brutalidad militar es peor”. Sólo en la página 2 se refiere a
los esfuerzos de conciliación, para desacreditarlos afirmando que
“Conferencia de paz ignoró torturas, abusos y censura”. Torturas sobre
las cuales no existen pruebas, y censura que no hubiera dejado publicar
semejante titular: patente instigación al conflicto.
El 28 de febrero transcurre bajo la
atmósfera de diálogo. Últimas Noticias titula que “Comisión de la Verdad
propuesta por Mendoza se instaló en el marco de la agenda para la paz”,
mientras que el vicepresidente Arreaza afirma “Hay que aislar a los
violentos”. Se informa de una “Lluvia de lacrimógenas” en El Rosal,
“cuando un grupo intentó cerrar la autopista Fajardo y la GN lo
impidió”. Dicha autopista es una vía bajo jurisdicción nacional; las
lacrimógenas son un medio aceptable de evitar un corte vial que
paralizaría la capital. A dos columnas, el almirante Orlando Maniglia
desmiente un infundio que circula por los medios: “Imposible montar base
rusa en Venezuela”. Advierte que la Constitución lo prohíbe y atribuye
el anuncio a “un error de Moscú”. En contraste con estas noticias que
contribuyen al clima de entendimiento, ese mismo día la primera plana
del cuerpo 1 de El Universal informa a 5 columnas que “En caravanas
reclamaron libertad”. Las caravanas se limitan a que “decenas de
conductores se reunieron en Santa Mónica”. En la misma página, apenas a
una columna, declara tardíamente Carlos Ocariz, alcalde opositor del
municipio Sucre: “Las guarimbas lo que hacen es restar, jamás sumar” y
explica: “Yo como alcalde jamás puedo apoyar a unas personas que cirran
una vía o queman basura, pero es que además no lo apoyo como político,
ése no es el camino”. Ambas noticias confirman a regañadientes el
desinflamiento de la táctica terrorista.
El 2 de marzo, El País recoge
declaraciones de Capriles según las cuales “Protestas no son
negociables”, y aclara que “Enrique Capriles se niega a negociar con
gobierno mentiroso y represor”. El oportunista político, empeñado en una
riña de liderazgo con Leopoldo López, recoge en forma acomodaticia sus
afirmaciones de que el calentamiento de calle no tumba gobierno. El
mismo diario se torna profético al titular que “Gran marcha estudiantil
llenará hoy las calles caraqueñas”.
Pasa el intervalo del Carnaval, durante
el cual todo el país se precipita a los lugares vacacionales. El 5 de
marzo El Nacional titula que “Violan Normas internas de la FANB en actos
represivos”; el 6 de marzo, a 5 columnas, “Jóvenes rechazan torturas,
asesinatos y detenciones”. El sábado 8 llega a la incoherencia: al
titular, a 4 columnas: “Foro Penal: “La GNB se lleva preso a todo el que
encuentra”. Difícil tarea es arrestar a toda la población de un país
con treinta millones de habitantes. El día siguiente El Universal
clamorea, a cinco columnas: “Barricadas paralizaron y dividieron la
ciudad” y subtitula que “las protestas se multiplicaron en todos los
municipios de Caracas, donde muchos ciudadanos no pudieron salir a sus
trabajos y centros de estudio”. Es irrespeto al lector pretender que
minorías tres municipios cuya población no llega al medio millón de
habitantes representan la población de una urbe en cuya área extendida
habitan más de cinco millones. En una columna se titula “Diarios de
Latinoamérica se unen para informar de Venezuela”, celebrando que los
cotidianos de varios monopolios se coligan para publicar una página
diaria contra el país.
El 9 de marzo El Universal recoge
declaraciones del opositor Capriles en primera plana, a 5 columnas: “La
actitud del Gobierno profundizará la crisis”. En la página siguiente
reitera: “Si el gobierno no cede habrá conflicto”. El entrevistador
inquiere si el gobierno va a ceder: “¿Por qué no?”, contesta el
entrevistado. Y el periodista sentencia, invirtiendo los papeles:
“Porque funciona con lógica de gobierno totalitario”. Pero es un
gobierno democráticamente electo que ha instalado un Diálogo por la Paz y
hace todos los esfuerzos por ella. El mismo diario titula “Mesa alerta
que gobierno siembra la Guerra Civil”, mientras que a 2 columnas afirma
que “disturbios dejan dos decesos en Los Ruices”; sin informar que las
infelices víctimas eran bolivarianos inermes. El día siguiente El País
informa, a ocho columnas: “Allanan depósitos de los guarimberos”, y
aclara que “Eligio Rivas, Jefe de Core5, asegura tener pillado al grupo
que provee logística a sectores violentos”.
¿Será necesario continuar este análisis
indefinidamente? A través de él, verificamos un tenaz atentado contra la
veracidad informativa al mentir que el gobierno sería dictatorial o
tiránico (a pesar de ser democráticamente electo), que ejerce la censura
(a pesar de que deja publicar tales alegatos), mientras que se apoya la
pretensión opositora de buscar una “salida” mediante un “gobierno de
transición” inconstitucional, que sería reclamado por grupos “no
violentos” (que secuestran por la violencia a los vecinos con cortes
viales, y asesinan a quienes remueven los escombros) a escala “nacional”
(y no sólo por algunos grupos terroristas en un puñado de alcaldías
opositoras).
Así desfiguran los medios la realidad, y
pretenden fingir un escenario de guerra civil que sirva de pretexto
para el golpe de Estado, la invasión extranjera o la secesión
territorial, donde sólo hay, parafraseando a William Ospina, una
situación donde los pobres celebran mientras protestan los ricos.
Falsa presentación de la violencia terrorista como protesta social
A la promoción de un golpe de Estado
mediático en 2002 y de un lock-out patronal acompañado de sabotaje
petrolero entre ese año y el 2003, añaden ahora los medios venezolanos
la promoción de la violencia terrorista, presentada como supuesta
protesta social.
Es terrorismo el empleo de la violencia y de la desinformación para lograr un objetivo político ilegítimo.
En ese sentido, parte de la oposición
venezolana está empeñada en el empleo de la violencia y la
desinformación para conseguir el objetivo inconstitucional de derrocar
al gobierno democráticamente electo de Nicolás Maduro y suplantarlo con
un “gobierno de transición” elegido por nadie.
Todos los que han seguido las agresiones
violentas en Venezuela y el tratamiento que de ellas hace la prensa
habrán advertido las siguientes características:
-La violencia de la marcha del 12 de
febrero, al igual que la de la del 11 de abril de 2002, es previamente
planificada por la oposición. El 11 de febrero de 2014 Venezolana de
Televisión divulga comunicación telefónica entre los opositores Fernando
Gerbasi y Carratú Molina, en la cual comentan que para la concentración
del día siguiente están previstos actos de violencia como los del 11 de
abril, y está disponible un fondo de 120.000 millones de bolívares para
financiar violencias.
-Los actos terroristas se focalizan
primero en 19, luego en 9 y finalmente en uno de los municipios de clase
medía o medía alta, gobernados por alcaldes opositores, algunos en
estados fronterizos, municipios que, bueno es repetirlo, constituyen una
ínfima minoría territorial y poblacional ante los 335 municipios de
Venezuela. Ningún disturbio o corte vial perturba las urbanizaciones de
la clase alta, como el Country Club o La Lagunita. Tampocose atreven a
penetrar en zonas populares. Como titula Últimas Noticias en primera
plana el 23-2-2014: “Zonas populares no guarimbean”.
-Los alcaldes opositores y sus policías
municipales fomentan y protegen las violencias, al punto de que agentes
de la Policía de Chacao asesinan tiros a una agente del Servicio
Bolivariano de Inteligencia que detiene a uno de los violentos. Por ello
se hace necesario que el Tribunal Supremo de Justicia, respondiendo a
demandas de vecinos víctimas de los cortes viales, en sentencia de 17 de
marzo inste a los alcaldes de Chacao, Ramón Muchachos; de San Diego,
Vicencio Scarano; de San Cristóbal, Daniel Ceballos; de El Hatillo,
David Smolanski; de Baruta, Gerardo Blyde de de Lecherías, Gustavo
Marcano, a cumplir con la Constitución y las leyes que les ordenan
garantizar el derecho de circulación en las vías bloqueadas.
-Al día siguiente de emitida la
sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, cesan de manera casi total
las violencias supuestamente espontáneas de corte de calle, que desde
ese momento no cuentan con la protección de las policías locales de los
alcaldes, salvo en el caso del alcalde de San Cristóbal, Daniel
Ceballos, contra quien se dicta orden de captura por rebelión civil y
agavillamiento, y en el de Vicencio Scarano, condenado a 10 meses y 15
días de prisión por desacato a la mencionada sentencia.
-Los activistas violentos son
presentados por los medios como “jóvenes estudiantes”, pero luego son
suplantados por adultos, encapuchados y marginales, al extremo de que el
14 de marzo Nicolás Maduro declara que de 1.529 detenidos en un mes de
violencias, sólo 558, apenas un tercio, son estudiantes. Todos son
liberados, salvo 105 contra los cuales se dictan medidas privativas de
libertad por haber sido capturados con armas de fuego. De cinco
detenidos por el cuerpo de vigilancia de la Universidad Central de
Venezuela, ninguno es estudiante, y el que lo es, cursa en la
Universidad privada Santa María. Hay que añadir que en Venezuela son
estudiantes más de 9 millones y medio, uno de cada tres venezolanos: si
tal grupo poblacional estuviera contra el bolivarianismo, éste no habría
ganado elecciones, ni podría resistir su arremetida.
-En lugar de manifestar pacíficamente,
los violentos encapuchados incendian casi un centenar de unidades de
transporte colectivo y de alimentos; destruyen total o parcialmente
edificios públicos, estaciones del Metro y las sedes de 15 universidades
gratuitas así como de instalaciones eléctricas y telefónicas; disparan
contra la población y a veces lo hacen por la espalda contra quienes los
acompañan en manifestaciones, cortan las vías en el territorio de las
alcaldías opositoras, impiden por la fuerza el paso a los vecinos y los
secuestran en sus hogares, los asfixian quemando basura, destruyen cerca
de un millar de árboles y señalizaciones y vierten gasoil en los
acueductos.
-Los terroristas abandonan los
obstáculos que acumulan en las vías, pero asesinan con disparos a
distancia a los civiles o autoridades que tratan de removerlos.
-Los terroristas encapuchados recurren a
la amenaza, la agresión física y al asesinato con disparos en la cabeza
y tiros por la espalda y trampas contra personas, para finalmente
progresar hacia el saqueo y el cobro de peaje.
-Se pertrechan regularmente de dinero,
alimentos, ropas, capuchas, sustancias incendiarias y explosivas y armas
en centros de acopio cercanos a los disturbios, algunos de los cuales
han sido allanados en jurisdicción de las alcaldías opositoras.
-Las arremetidas terroristas recurren
durante cuatro semanas, período inusual para manifestaciones
espontáneas, que por el contrario evidencia una coordinación,
organización, entrenamiento y financiamiento de largo alcance.
-Los terroristas utilizan armas de fuego
con mirillas láser, con frecuencia van enguantados y son seguidos por
“sombras” que recogen los casquillos para evitar la identificación de
las armas, y esgrimen artefactos para destruir neumáticos, bombas de
fragmentación y trampas contra personas. El 24 de febrero es capturado
un terrorista del Medio Oriente, Jayssam Mokded Mokde, con “pruebas
contundentes para perpetrar actos terroristas”, según el gobernador
Tarek el Aisami (Ciudad CCS 25-2-2014, p.4). Otro terrorista de origen
chino es detenido con un arsenal. El 1 de abril Tarek El Aisami informa
en Venezolana de Televisión sobre la confiscación de otro arsenal con
explosivos, sustancias incendiarias y mecanismos detonantes a control
remoto. A finales de marzo se denuncia una inusual concentración de
paramilitares en el fronterizo Departamento Norte de Santander. El
presidente Maduro informa de la prisión de tres generales de la
Aviación, investigados por presunta participación en un golpe de Estado.
Ninguno de los involucrados en estas actividades es estudiante.
-El recuento de las víctimas fatales
desmiente el alegado carácter “pacífico”. Hasta el 29 de marzo, 6
guardias nacionales y 19 ciudadanos fallecieron por disparos
presumiblemente provenientes de la oposición: en total 25 compatriotas
habrían sido segados con armas de fuego por los opositores. Siete
personas perecieron por accidentes viales causados por barricadas. Dos
murieron por falta de atención médica al no poder llegar oportunamente a
centros asistenciales por causa de cortes viales. Una octogenaria
pereció de un infarto cuando su vivienda fue acosada por la oposición.
Un opositor falleció al manipular un mortero, y otro se electrocutó al
intentar restablecer una barricada. En contraste, sólo tres ciudadanos
murieron por disparos presumiblemente efectuados por agentes del orden
público, y otro habría fallecido golpeado por la Guardia Nacional.
Catorce funcionarios están siendo investigados por tales causas. En esta
lista de bajas fatales sólo cinco han sido señalados como estudiantes, y
en promedio la edad de las víctimas ronda la treintena. No parece que
la participación estudiantil o juvenil haya sido preponderante. Para el
24 de marzo se registran 461 lesionados, de los cuales 143, casi un
tercio, son policías o guardias.
-Las acciones de los grupos terroristas
no cuentan con el apoyo social: según encuesta de Interlaces, 87% de los
venezolanos rechazan las “guarimbas”. Las escritoras opositoras
Carolina Espada y Milagros Socorro las condenan en demoledores
artículos. Carlos Ocariz, alcalde opositor del Municipio Sucre del
Estado Miranda declara para El Universal “Las guarimbas lo que hacen es
restar, jamás sumar” (2-3-2014).
-Por increíble que parezca, los
terroristas no presentan ante la abrumadora cobertura mediática nacional
e internacional un programa, un proyecto ni un listado de
reivindicaciones fuera de tratar de imponer por la fuerza y en contra de
la constitución una “salida”, un “gobierno de transición” o un “Maduro
vete ya”.
-Las acciones terroristas no tienen una
finalidad en sí mismas, sino la de simular para los medios un escenario
de supuesta “guerra civil” en unos pocos de los 335 municipios de
Venezuela.
Las mencionadas son prácticas, tácticas o
logísticas que no presentan ni la más remota semejanza con las de un
movimiento estudiantil o juvenil.
Respaldo de medios extranjeros al terrorismo
Mucho menos había contado ningún
movimiento “juvenil” del mundo con el sospechoso y automático respaldo
de la Sociedad Interamericana de Prensa, la cual dedica en todos sus
diarios afiliados por lo menos una página diaria a denigrar de
Venezuela; ni de la inmensa mayoría de los medios privados, que exaltan
los delitos de los opositores mientras ocultan las masivas y
contundentes manifestaciones por la paz de las mayorías bolivarianas.
Ningún movimiento estudiantil del mundo
contaría tampoco con el apoyo de los tres grupos de editores de América
Latina, GDA (Grupo de Diarios de las Américas), ANDIARIOS (Asociación de
Editores de Diarios y Medios Informativos) y PAL (Grupo Periódicos
Asociados Latinoamericanos), que agrupan a los propietarios de 82
diarios que se comprometen a publicar diariamente una página sobre
Venezuela.
Y en ningún caso movimientos
estudiantiles o juveniles aceptarían ni gozarían del apoyo del ex
presidente colombiano Uribe, quien trata de recoger un millón de firmas a
favor del derrocamiento del gobierno legítimo de Venezuela; del
presidente de la OEA, el cual intentó enviar una comisión investigadora
al país, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, quien pide a
Venezuela que enjuicie a los responsables de ataques contra
manifestantes antigubernamentales
(http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/onu-pide-a-venezuela-enjuiciar-la-muerte-de-manife.aspx#ixzz2tX88l5ZO),
del Secretario de Estado de estadounidense, y de la Cámara de
Representantes de ese país, la cual deplora “la inexcusable violencia
perpetrada contra líderes opositores y manifestantes en Venezuela”.
Ni uno solo de tales grupos mediáticos,
organismos y políticos se han movilizado jamás a favor de jóvenes ni
estudiantes, como los que reclaman gratuidad de la educación superior en
Chile y otros países: ninguno se ha pronunciado sobre la protesta a
escala nacional de las clases trabajadoras colombianas contra el TLC;
siempre se han manifestado a favor de intervenciones imperiales atroces
contra gobiernos democráticos o nacionalistas.
Mediante la perpetración de actos
violentos desproporcionadamente exagerados y delictivamente ensalzados
por las mencionadas cadenas de medios, terroristas encapuchados sólo
intentan justificar un golpe de Estado, una intervención extranjera, o
el establecimiento de un “territorio liberado” que legitime una secesión
de los ricos estados fronterizos.
Terrorismo mercenario
Este cuadro de por sí sombrío se agrava
si se toma en cuenta la conversación telefónica grabada al dirigente
opositor Requesens en la que éste discute con un cómplice sobre el
abandono de sus actividades por parte de algunos terroristas, porque no
se les ha pagado completo el estipendio de mil bolívares diarios por sus
actividades destructivas, ni el de tres mil bolívares a los
motorizados. No aprobamos la intercepción de comunicaciones privadas,
pero mucho menos asentimos al pago de mercenarios para asesinar
compatriotas.
Por su parte, el ministro de Interior y
Justicia Miguel Rodríguez Torres declaró que entre los detenidos se
encuentran paramilitares. Estas noticias revelan en forma contundente la
verdadera composición de parte de los grupos que perpetran actos
terroristas, y explican la presencia de rasgos y procedimientos ajenos a
los estudiantes, tales como el asesinato selectivo por disparos en la
cabeza, el sabotaje en gran escala y la indiscriminada agresión contra
bienes públicos y privados.
Hace una década alerto contra una
infiltración paramilitar que suplanta al hampa criolla, domina comercio
informal y contrabando de extracción, impone alcabalas, cobra vacunas,
trafica personas y estupefacientes, legitima capitales, regenta bingos y
casinos, compra empresas de transporte y de producción y asesina
sindicalistas agrarios y urbanos. Al respecto señalé:
A estas cifras ya de por sí preocupantes
se debe sumar la continua penetración en Venezuela de paramilitares
colombianos, que según fuentes dignas de todos crédito cobran “vacuna” e
instalan alcabalas en los estados fronterizos, y según el Presidente
Hugo Chávez Frías ya han llegado hasta la Capital.
Los paramilitares se instalan en zonas
populares, invierten fondos del narcotráfico en actividades tales como
el préstamo usurario a los buhoneros, la trata de personas, el tráfico
de drogas, el sicariato y el juego ilegal de bingos, casinos y
maquinitas en los expendios de alimentos y bares, y algunos dominan
líneas de transporte en los estados limítrofes y otras industrias de
significación estratégica.
Estos núcleos paramilitares podrían ser
cabezas de puente y Quintas Columnas de una intervención,desatar una
guerra civil, y en el caso de un conflicto interno podrían impedir una
movilización de los sectores populares como la que decidió el 13 de
abril de 2002. (La paz con Colombia. Caracas, Ministerio de Comunicación
e Información, 2008).
He reiterado la advertencia en libros
como La cuestión colombo-venezolana, en colaboración con Iraida Vargas,
Mario Sanoja, Eva Golinger, Miguel Ángel Pérez Pirela y Sergio
Rodríguez, con prólogo de Piedad Córdoba, Caracas, Editorial Ipasme,
2012, y La invasión paramilitar. Operación Daktari, en colaboración con
Miguel Ángel Pérez Pirela, Caracas, Correo del Orinoco, 2012.
Estamos ante la materialización de estas
advertencias. Una red de agentes de perturbación focalizados en las
principales alcaldías opositoras y protegidos por las policías de éstas
no podría sostenerse durante casi un mes sin apoyo de una compleja red
terrorista. Lo advierte también en inteligente artículo Julio Escalona:
4) El capital financiero
transnacional se ha ido asociando al narcotráfico, tráfico de armas, de
personas, lavado de dinero, comercio de esclavos, etc. Es
probable que en lo descrito se pueda estar dando un vínculo entre
sectores financieros asociados a la oposición de extrema derecha,
precisamente, con el crimen transnacional y los problemas de seguridad
que azotan a la sociedad venezolana y a otras de nuestro continente
latinocaribeño. Esa asociación es otra de las fortalezas de la derecha
fascista que se mueve en Venezuela.
Por esas y otras vías el capital
financiero se relaciona con la formación de grandes ejércitos privados y
en general a la privatización de la guerra. Esos ejércitos privados han
participado en las guerras de Irak, Afganistán, Libia, Siria, Colombia;
en la desestabilización de gobiernos, invasiones, sicariato, atentados,
sabotaje… Son ejércitos de mercenarios, que eufemísticamente son
llamamos “contratistas civiles”.
El microtráfico de drogas es una
variante del crimen transnacional, que como ya señalé se relaciona con
la formación de pandillas, con los enfrentamientos entre ellas, la
generalización de atracos, secuestros exprés, el sicariato y las más
diversas formas de criminalidad. Esta es una de las raíces de los
problemas de seguridad en Venezuela, México, Colombia, EEUU… Por
supuesto, la seguridad tiene raíces internas (aun cuando hoy día es muy
difícil definir la frontera entre lo “interno” y lo “externo”); pero las
redes del crimen transnacional se van extendiendo por los intersticios
de la sociedad venezolana. No es una simple amenaza circunstancial.
Tiene una tremenda significación estratégica como grave amenaza a la
seguridad del Estado, a la estabilidad de las instituciones y para la
paz y la vida cotidíana de nuestra sociedad, para la economía, para la
salud, etc. Es un componente esencial de la estrategia de
desestabilización permanente.
5) Han aprendido de la política
“social” basada en la dádiva y el terror impulsada por Pablo Escobar y
el “Chapo” Guzmán, inspirada en la más antigua tradición mafiosa.
Apoyándose en el estímulo a los
intereses individuales y a métodos ilegales, orientados a socavar al
Estado y las relaciones de solidaridad, los grupos narco-paramilitares
han venido perfilando algo así como una política “social” mafiosa.
Un aspecto es la política de
“microcréditos”, que en su desenvolvimiento puede vincularse con el
microtráfico de drogas, que llegado el caso puede suministrar fondos
para cancelar los créditos recibidos. Es una múltiple subordinación.
Usando los fondos acumulados a través de
acciones delictivas van distribuyendo “créditos” entre la población
pobre con diversos fines (consumo, microempresas, pequeños negocios,
problemas familiares…), pero con el claro propósito de construir redes
de poder e ir suplantando al Estado venezolano. Con los microcréditos,
combinados con la extorsión, el chantaje y el miedo, han ido echando las
bases de una política “social” en correspondencia, como ya dije, con la
más antigua tradición mafiosa (“La estrategia imperial de
ingobernabilidad permanente contra el gobierno bolivariano”,
05-03-2014).
El fenómeno también ha llamado la atención de Raúl Zibechi, en su penetrante artículo “Derechas con lookde izquierda”:
En todo caso, las derechas han sido
capaces de crear un dispositivo “popular”, como el que describe Rafael
Poch, para desestabilizar gobiernos populares, dando la impresión de que
estamos ante movilizaciones legítimas que terminan derribando gobiernos
ilegítimos, aunque estos hayan sido elegidos y mantengan el apoyo de
sectores importantes de la población. En este punto, la confusión es un
arte tan decisivo, como el arte de la insurrección que otrora dominaron
los revolucionarios (Alai-América Latina, 7-3-2014).
Debemos afrontarlo: así como las
aspiraciones imperiales de dominar nuestra industria de los
hidrocarburos y la presencia paramilitar son constantes con las que
habrá que lidiar a largo plazo, también debemos prever una prolongada
alianza entre ambos factores para desatar una escalada de violencia
política, que se está sumando a la ya excesiva violencia del hampa
común.
La aparición de esta nueva violencia
terrorista de origen político, apoyada por gran parte de los medios
nacionales e internacionales y con conexiones foráneas obliga a
considerar el problema de la seguridad a la vez desde el punto de vista
geográfico, social, económico, político, estratégico, cultural e
internacional, mediante la coordinación de todos los órganos de los
poderes públicos y todas las fuerzas sociales para la adopción de
medidas a la altura de la gravedad de la situación.
Libertad en Internet
El Instituto Prensa y Sociedad sostiene
que desde el ejecutivo nacional se ha cuestionado la deliberación
ciudadana en las redes sociales; y que entre febrero y marzo de 2014 la
empresa twitter habría alegado fallas generalizadas por un bloqueo
parcial. La empresa pública CANTV negó haberlas realizado, y la empresa
twitter jamás confirmó que hubiera existido tal bloqueo.
Al respecto, el Ministerio del Poder
Popular para la Comunicación y la Información reporta que por el
contrario, “Venezuela está siendo hoy víctima de una estrategia de
ciberguerra; una serie de ataques cibernéticos e informáticos que buscan
penetrar y destruir la plataforma de tecnologías de comunicación e
información del gobierno”. En el curso de ella “más de 160 sitios en
internete públicos de alta sensibilidad como Pdvsa, los ministerios de
la Defensa y Finanzas, la telefónica CANTV y el Consejo Nacional de
Telecomunicaciones han recibido ataques sistemáticos para inhabilitarlos
y penetrar sus sistemas de información”. Ello puso en riesgo unos 266
mil dominios públicos y privados. Algunos sitios públicos han recibido
más de 10 millones de ataques en pocas horas (Venezuela se respeta.
minci.gob.ve.marzo 2014).
En Venezuela no sólo el uso de Internet y
de las redes sociales es enteramente libre, sino que la oposición abusa
de tales tecnologías para transmitir mensajes de odio y de
discriminación. Como muestra: Karen Rojas Mata: Hay que matarlos a
todoos malditos chavistas. Mayelis Colmenarez: Cada vez que veo
chavistas me provoca tener una metralleta y tatatatata matarlos. Oscary:
Ese incómodo momento en el que estas en un grupo de chavistas hablando
de su presidente y solo quieres sacar una escopeta y matarlos a todos.
A todo esto se mezcla la indiscriminada
difusión de rumores y de infundios, como las imágenes de represión
diversos sitios del mundo que se pretendía hacer pasar por escenas
ocurridas en Venezuela; los anuncios de supuestos desabastecimientos;
las profecías de colapso económico; el ataque mediático contra la
estabilidad de la moneda; los sucesos inventados y toda una gama de
estrategias en las cuales se asocia el instrumental de Internet y las
redes sociales con la práctica del terrorismo, tales como la histeria
xenofóbica que denuncia Eduardo Rothe en su artículo “Del odio”:
Como parte del actual golpe de Estado
contra la democracia venezolana, la CIA (que siempre se repite)
intensificó por las redes sociales su campaña anticubana que lleva ya 10
años. Logró infiltrar los cerebros opositores: desde el infecto Padre
Palmar hasta la sifrinita que se inicia en twitter, todos reportan
camiones de soldados cubanos llegando a Caracas, u oficiales del G2
dando órdenes en Fuerte Tiuna. La única prueba es el racismo y fotos de
nuestros militares: “En Venezuela no tenemos negros tan negros”…
rothegalo@hotmail.com https://twitter.com/profesorlupa http://www.aporrea.org/actualidad/a185471.htm
Disponibilidad de papel periódico
Según reportes del Instituto Prensa y
Sociedad, durante la primera quincena de 2014, unos 21 medios impresos
en 9 estados habrían tenido dificultades para adquirir papel periódico y
otros insumos. Lo primero que cabría preguntar al referido instituto es
con qué títulos y con cuáles derechos plantean ante una Comisión de
Derechos Humanos los problemas mercantiles de varias sociedades
anónimas. Los Derechos Humanos, como su nombre lo expresa, son
inherentes a la persona humana natural; y no a las empresas, sociedades o
corporaciones.
A pesar de las quejas de estas
corporaciones que no son sujetos de Derechos Humanos sobre el curso de
sus negocios, según reporta el Ministerio del Poder Popular para la
Información y la Comunicación, ninguno de ellos ha cerrado; algunos se
han limitado a imprimir ediciones con menos páginas o a efectuar
reducciones de personal (Venezuela se respeta. minci.gob.ve.marzo 2014).
En todo caso no debemos olvidar que el periodismo es en el mundo
capitalista una rama empresarial sumamente competitiva, en la cual
constantemente aparecen y desaparecen medios: hasta el tradicional
Newsweek salió en Estados Unidos de los kioscos, para pasar al formato
digital.
Cabe reiterar al respecto que Venezuela
es una economía mixta, en donde la inmensa mayoría de los medios de
comunicación operan como empresas privadas sobre la base del mínimo
costo y el máximo beneficio. El Estado venezolano implantó en 2003 un
control cambiario destinado a frenar la fuga de divisas, que le atribuye
la administración y adjudicación de estas. Dentro de ese marco legal,
el Estado ha hecho lo posible por otorgar las divisas necesarias para
que la prensa continúe funcionando normalmente. Se deben tener en
cuenta, sin embargo, algunos factores.
En primer lugar, algunas empresas no
cumplen con el procedimiento indispensable para obtener divisas
preferenciales o con los requisitos para ello. Otras empresas no cumplen
con la legislación laboral que protege a sus trabajadores y por
consiguiente no pueden presentar las solvencias laborales que las normas
requieren.
Todavía en otros casos, algunas empresas
cuya gestión financiera no es favorable, recurren al argumento de la
falta de papel para efectuar reducciones de personal o para justificar
anticipadamente un posible lock out y el no cumplimiento de sus
obligaciones laborales. Empresas que arrastran una larga historia de in
suceso económico desde mucho antes de que se estableciera el control de
cambios, o que son financiadas desde el exterior para difundir mensajes
desestabilizadores aprovechan así las circunstancias para achacar sus
fracasos al Estado.
En fin, otros medios de prensa pequeños
son victimas de la especulación por parte de sus colegas que importan
papel, y también achacan su situación al Estado. Al respecto, el
diputado Julio Chávez señala que grandes empresas venezolanas
distribuidoras y editoras han importado papel en bobina para impresos
valiéndose de divisas otorgadas por el Estado a una tasa de 6,30
bolívares por dólar, y lo revenden a sus colegas empresarios a una tasa
de dólar libre, unas diez veces mayor
(http://www.minci.gob.ve/2014/01/diputado-chavez-grandes-diarios-revendían-papel-periodico-importado-con-dolares-de-cadivi).
Así se importaron en 2013 unas 140.000 toneladas métricas de papel.
El presidente electo Nicolás Maduro ha
declarado que en los últimos años se otorgó a diversos empresarios unos
60.000 millones de dólares, a fin de que adquirieran los insumos
necesarios para sus negocios y para comprar y revender productos
necesarios para la economía del país.
Ahora bien, según declaraciones del
ministro de Finanzas Jorge Giordani y del mismo presidente Maduro, los
empresarios a quienes se otorgaron estas magnitudes de divisas a la tasa
preferencial de 6,30 bolívares por dólar en lugar de ingresar al país
los bienes para cuya adquisición fueron entregadas, realizaron
importaciones ficticias o simplemente no realizaron ninguna importación,
guardándose las sumas otorgadas en divisas preferenciales, y vendiendo
sus existencias como si hubieran sido adquiridas con dólar libre.
Algunos pequeños órganos de prensa han sido victimas de la codicia de
estos importadores fraudulentos, y el Estado, en la medida de lo
posible, les ha otorgado divisas a tasa preferencial para que realicen
por si mismos la importación, para proteger a unas empresas privadas
contra la especulación por parte de otras.
Por otra parte, en el Informe Anual del
National Endowment for Democracy sobre 2012, consta que ese año la NED
destinó 1.338.331 dólares a organizaciones y proyectos en Venezuela,
para actividades vinculadas con responsabilidad gubernamental, educación
cívica, ideas y valores democráticos, libertad de información, derechos
humanos y otros por el estilo. El mismo año se le asignó 465.000
dólares adicionales para fortalecer al movimiento obrero
slatinoamericano, mientras el Instituto Republicano Internacional
suministraba 645.000 dólares y el Instituto Nacional Demócrata para
Asuntos Internacionales aportaba otros 750.000 dólares. Son las
magnitudes que confiesan documentos oficiales de la NED, que no reflejan
otras subvenciones pagadas por la CIA, la NSA, la DEA y otras agencias
de seguridad estadounidenses, ni comprenden las desembolsadas por
órganos privados, tales como Fundación Sociedad Abierta de George Soros,
o el Diálogo Interamericano, que asimismo vierten caudales para
“fortalecer la sociedad civil en Venezuela”, o sea, para financiar a la
oposición. Por su parte la abogada y comunicadora Eva Golinger, calcula
que desde 2002 hasta el presente Estados Unidos aportó por estas
agencias e instituciones “promotoras de la democracia y la sociedad
civil” más de 100 millones de dólares para apoyar las actividades de la
oposición al gobierno bolivariano.
Antes tales cifras cabe responsablemente
solicitar una averiguación sobre su destino y manejo final ¿Cómo es
posible que tantos raudales de divisas se hayan vertido a la oposición
venezolana, y que los principales actores políticos de ella, la facción
de medios de comunicación privados que durante 14 años ha apoyado
incondicionalmente golpes de Estado, sabotajes petroleros, cierres
patronales, asesinatos selectivos, intentos de magnicidio, importación
de paramilitares y violencias terroristas, no los hayan invertido en un
insumo fundamental para tales tareas, como lo es el papel periódico?
¿Qué ha sido de tales sumas colosales? ¿Está el Estado democrático
venezolano en la obligación de aportar o reponer a agentes del
terrorismo las sumas que éstos han malversado? ¿O más bien deberían la
oposición venezolana y los medios dirigidos por ella explicar ante la
opinión pública nacional y mundial el origen, uso y sobre todo el
destino de tantas y tales cantidades? Mayoría democrática gobernante y
sobre todo minoría opositora están igualmente interesadas en este
indispensable debate. Y también, incidentalmente, el pueblo
estadounidense, que paga sus impuestos para que las agencias de
seguridad los dilapiden en apoyar a grupos que los emplean
infructuosamente.
